Aportes de la ATSS al XII Congreso del PIT-CNT

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Aportes de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social al XII Congreso del PIT-CNT

APORTE DE LA ATSS AL XII° CONGRESO DEL PIT-CNT
Algunos elementos de contexto nacional e internacional

1. LOS TRAZOS FUNDAMENTALES DE LA CRISIS CAPITALISTA

La actual crisis capitalista del sistema económico mundial, en la que los países periféricos están siendo muy afectados, traslada los costos a los trabajadores, expresándose tanto en aspectos estructurales como coyunturales. Es necesario explicitar algunos puntos claves del actual contexto histórico que muchas veces no son considerados en sus justos términos. Para ello recorreremos algunos antecedentes históricos que lo explican.

La caída de la Unión Soviética, más allá de los errores y aciertos del socialismo real, ha significado un profundo deterioro ideológico y el debilitamiento sustancial de las fuerzas políticas y sociales que buscan construir sociedades sin explotados y explotadores.

El anticapitalismo para el sentido común predominante en la mayoría de nuestro continente se ha tornado un anacronismo. El comunismo como tal ni siquiera es una utopía, teniendo en cuenta que un país continente como China se sigue llamando comunista aunque no lo sea y en los hechos profundice el capitalismo en su territorio y en sus áreas de influencia.

En América Latina los gobiernos progresistas más avanzados volvieron a poner sobre la mesa la posibilidad de desarrollar caminos alternativos a los impuestos por el capital: “Socialismo del Siglo XXI”, en Venezuela; “Buen Vivir», terminología Sumak Kawsay de la cosmovisión ancestral kichwa de la vida, en Ecuador; “Vivir bien” paradigma andino del “suma qamaña” (lengua Aymara), en Bolivia.

En dichos países hubo cambios constitucionales importantes y se logró reducir la renta (relativa) de los recursos naturales (petróleo, gas) que era apropiada por el capital extranjero con renegociaciones y expropiaciones. Debe señalarse que la evolución posterior es muy disímil.

En Argentina, Brasil y Uruguay la penetración transnacional aumentó fuertemente así como el proceso de primarización de sus economías (cada vez se producen y exportan bienes con menos valor agregado).

Sí bien debe resaltarse que Argentina ha realizado políticas económicas heterodoxas, tales como las detracciones a las exportaciones, el control y fijación de precios, las cuotas de exportación y sostienen un fuerte conflicto para reducir los costos de la deuda externa.

Brasil y Uruguay en cambio sostienen políticas ortodoxas estratégicamente favorables al capital, aunque en el corto plazo haya mejoras para los trabajadores y políticas sociales asistencialistas para los sectores más pobres y los indigentes.

En este escenario se produce una contraofensiva imperialista que incluye, necesariamente, una radicalización conservadora de las burguesías locales que busca la desestabilización de los gobiernos progresistas: “…que podrían seguir ganando elecciones en el corto plazo porque los pueblos saben que, aunque algunas de esas experiencias sean insatisfactorias, han sido mejores que bajo gobiernos de derecha. Pero a mediano plazo eso deberá seguir demostrándose. En las nuevas condiciones no se podrán mantener los niveles de compensación social con las que algunos gobiernos han ido administrando la crisis y conservando la base social, a menos que los gobiernos utilicen el poder estatal que poseen para reducir el poder del capital…Esto implica admitir el conflicto de clases como necesidad, hasta para la permanencia de los gobiernos de izquierda mediante elecciones.” (1)

En 2008 comenzó una crisis económico-financiera en los países centrales, más precisamente en los Estados Unidos, gradualmente se traslada a los países periféricos. Los teóricos del desacople ven cotidianamente que la imbricación entre países centrales y periféricos provoca el traslado de la crisis a nuestros países. Por su parte los teóricos que sostenían que se estaba llegando al fin del dólar como la principal moneda internacional ven que comienza a suceder lo contrario: hoy el dólar se revaloriza a nivel mundial, se deprecian las monedas de los países periféricos y pierden peso las monedas que, solas o combinadas en una canasta, se plantearon como alternativas.

La crisis señalada, no detuvo el proceso de penetración de las empresas transnacionales en la mayoría de los mercados del continente americano, como bien señala Atilio Boron: “Una vez que los espacios de la periferia fueron incorporados a las relaciones capitalistas de producción, el imperialismo siguió avanzando más allá de los límites impuestos por la geografía mediante la mercantilización de sectores de la vida económica y social antaño preservados al margen de la dinámica predatoria de los mercados, como los servicios públicos, los fondos de pensión, la salud, la educación, la seguridad, las cárceles y otros por el estilo”. (2)

El proceso de globalización y penetración transnacional continuó a pesar de las crisis en los países centrales que gradualmente se traslada a los países periféricos.

De todas formas, más allá de las inconsistencias de los gobiernos progresistas, el actual proceso geopolítico se caracteriza por una ofensiva de los Estados Unidos en América Latina por retomar el control total de la región. En ese marco se inscriben los golpes “blandos” de Honduras y Paraguay, la cuarta flota en el Atlántico, las bases militares en Colombia y la actual ofensiva contra Venezuela, que ha tenido un pico máximo esta semana cuando Obama declaró “emergencia nacional» por el «riesgo extraordinario» que supone la situación de Venezuela para la seguridad de EEUU.”

Secundariamente, contra Argentina con los cuestionamientos legales por el pago de la deuda a los fondos buitres.

El debilitamiento de los gobiernos que intentaron procesos alternativos a la ortodoxia del capital fortalece el sentido común predominante acerca de las “exitosas” políticas económicas llevadas adelante en nuestro país.

En Uruguay los gobiernos del Frente Amplio han realizado una estrategia de profundización del capitalismo basada en una política de conciliación de clases asimétrica que brinda ciertos beneficios a los capitalistas y a los trabajadores, a la vez que está acompañado de asistencialismo a los sectores más pobres.

El escenario futuro más probable es una agudización de la lucha de clases por la ofensiva del capital y por la reducción de la disponibilidad de recursos para llevar adelante política de conciliación de clases.

La ofensiva del capital se expresa en el país de dos maneras:

– una, estructural, la inserción internacional del país en el marco de los tratados de libre comercio de servicios (TISA) y de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, lo cual modificaría sustancialmente las condiciones económicas, políticas y sociales en las que el país se desarrolla.

– dos, coyuntural, el proceso de ajuste de las cuentas públicas, llamado “moderación y prudencia”, que impactará en el nivel de vida de los trabajadores tanto en lo que tiene que ver con los salarios y el empleo, como con la cantidad y calidad de los servicios públicos.

2. EL GOBIERNO DEL FRENTE AMPLIO Y SU POLÍTICA DE CONCILIACIÓN DE CLASE

Dada su composición policlasista, como toda política necesita darle a unos y a otros. Pero esa conciliación de clase ha sido asimétrica, en el sentido de que promovió medidas transitorias para la clase trabajadora rápidamente reversibles, fácilmente eliminables, ya que una ley puede ser modificada por otra, frente a una situación de crisis. Y por el contrario, para la clase dominante, excepciones impositivas, zona francas, facilitó un conjunto de medidas permanentes, protegidos por los blindajes de los tratados de protección recíproca de inversiones y libre comercio, donde nos consta que cualquier modificación puede hacerse para futuro y no para lo vigente, ya que los litigios incluso se dirimen en ámbitos de competencia exterior.

De ahí que en este momento, por tanto hacia el único sector que se puede trasladar la crisis es el de los trabajadores.

Por ello y más es que se pone de manifiesto que esta política de conciliación de clases ya no es realizable y consecuentemente se van a agudizar las tensiones. En este punto estamos. Ejemplo de ello son los ajustes del Sector de los trabadores públicos donde los están manipulando; UTE premia es un ejemplo de ello ya que nos bajaron el 1% de ingreso real.

3. NO A LA MERCANTILIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES SOCIALES PÚBLICAS

La ofensiva del capital, el camino que tiene, es poder quedarse con los espacios de riqueza que tiene el Estado, de esa forma, además de desguarnecer el Estado, por las reglas del TISA, también éste tendrá menos peso. Así triunfa el discurso neoliberal que defiende la necesidad de eliminar el peso del Estado, desde todo punto de vista y que el dios mercado se ocupe de regular la economía. A esto hay que sumarle el posible acuerdo para arribar a un tratado con la Unión Europea.

4. NO A LA REDUCCIÓN DE PASIVIDADES Y SALARIOS

Uruguay es el país que más gasta en Seguridad Social y cuenta con un sistema sustentable para los años venideros. No obstante decir que cada pasivo cuenta con un respaldo de tres activos puede conducir a errores. Alrededor de 700.000 trabajadores perciben menos de $ 15.000 y 60.000 trabajadores perciben menos de $ 10.000, lo que significa que contribuyen al sistema con un promedio de $ 1.500. Pero a su vez para esto debemos considerar que por discursos engañosos muchos de estos trabajadores se encuentran tributando a las AFAPS con lo que en realidad al BPS le tributan $ 750 en el mejor de los casos. ¿Significa que no hay problemas a considerar prontamente?

Considerando lo anterior, fácilmente podemos deducir que la Seguridad Social como derecho humano fundamental aún tiene diversos aspectos a mejorar y consecuentemente con ello, varios sectores a ser protegidos adecuadamente. Para ello los salarios deben crecer realmente y los mínimos deben ser suficientes para vivir decorosamente y contribuir adecuadamente al sistema. Es evidente que desde que el lucro se instaló en la Seguridad Social y los trabajadores no hemos aún logrado el fin de las AFAPS y así recuperar para mejores coberturas la apropiación que realizan las Administradores de las contribuciones de los trabajadores al sistema, seguiremos teniendo un enfoque dual frente a un único problema que es la mercantilización del bienestar de quienes menos tienen en favor de la extranjerización del fruto de nuestro trabajo. Por tanto los ingresos de los trabajadores deben crecer en lo inmediato en función del crecimiento del PBI.

Lo precedente sustenta la mejor redistribución de la riqueza.

5. SERVICIOS UNIVERSALES DE CALIDAD

Mejores servicios de Salud, mejor acceso a la Vivienda y más y mejor Educación, conjuntamente con más y mejores Prestaciones Sociales son la meta y luego el trabajo permanente en su consolidación de la clase trabajadora.

Todo aquello que ponga en riesgo estos objetivos debe tener por respuesta la acción unitaria del movimiento sindical y popular.

6. ¿CÓMO POSICIONARNOS COMO TRABAJADORES FRENTE A UN PROCESO DE AGUDIZACIÓN DE CLASES?

Independencia de clase. La independencia de clase no se construye con cualquier estrategia. Hoy más que nunca debemos tener presente como trabajadores que los estratos sociales están muy difuminados y el concepto que en su momento estuvo muy claro sobre las clases sociales hoy para nosotros debe ser más abarcador.

Seguramente el planteo de “clase” hoy reúne a los trabajadores, obreros y empleados, a los pequeños productores familiares, a los cooperativistas, a los profesionales, a los cuentapropistas, entre otros y por el otro lado está la clase dominante, aquella que siempre estuvo vinculada al capital financiero, al especulador, a la extranjerización de nuestra economía, en definitiva la de siempre.

Asumir estos nuevos desafíos, incluso conceptuales, es una labor fundamental para establecer los límites de las clases en pugna y además, es un desafío fundamental para la formación de cuadros que permitan avanzar en la labor de la lucha por el poder popular.

En tanto, este es el verdadero dilema, la clase trabajadora y en particular los trabajadores sindicalizados debemos tener una posición clara frente a los embates de la clase dominante a través de algunos de sus representantes integrantes del Gobierno.

Esta tarea hoy gigantesca en virtud de que las líneas de clases divisorias están deslucidas y algunas “cabezas” dirigentes se han avenido al discurso de los dominadores, hacen que aquello que otrora fuera fácil de definir hoy no sea tan así, incluso para los más avezados formadores.

Es entonces en este sentido que vemos con preocupación el “acercamiento” conceptual del discurso sindical al del gobierno, haciendo por ello perder de vista el objetivo principal de que nada es suficiente ni satisfactorio mientras existan explotados y explotadores.

REFERENCIAS:

(1) Stolowicz, Beatriz, “A contracorriente de la hegemonía conservadora”, Espacio Critico Ediciones, Bogotá, 2012, pg. 398.
(2) Boron, Atilio, “América Latina en la geopolítica del imperialismo”, Ediciones Luxemburg, Buenos Aires, 2012, pg. 23.

APORTE DE LA ATSS AL XII° CONGRESO DEL PIT-CNT
Seguridad social

En el presente documento no pretendemos realizar un diagnóstico, ni un análisis del sistema y su situación actual, pues existen ya suficientes y son de público conocimiento, especialmente en el movimiento sindical, las difundidas conclusiones a las que arribó la Comisión de Seguridad Social (COSS) del PIT-CNT en su trabajo constante.

La ATSS pretende en cambio, reafirmar su posición contraria al actual sistema mixto establecido por la Ley 16.713 del 3/9/1995, en tanto se trata de un sistema que afecta el principio de Solidaridad en la Seguridad Social, perjudica a los trabajadores y está dando muestras de insustentabilidad, pues no proporciona la rentabilidad prometida (en oportunidad de su discusión y sanción), presenta altísimos costos e –incongruentemente- reporta una ganancia extraordinaria para las AFAP’S, por gestionar los ahorros de los trabajadores para –finalmente– brindar prestaciones insuficientes.

Destacamos que las direcciones de las AFAP’S no tienen representaciones sociales (trabajadores, jubilados y empresarios) por lo que indirectamente se elude el cumplimiento de preceptos constitucionales que establecen esta participación desde la Reforma Constitucional de 1967.

Por otro lado, subrayamos que en este sistema –por su diseño- todo el riesgo económico del sistema es soportado por las personas en forma individual, pues quedan libradas a los vaivenes económicos del mercado y sus efectos en las inversiones que realizan las AFAP’S.

Asimismo, la continuidad del sistema actual, obstaculiza la evolución del sistema hacia la Protección Social como fase superior a la Seguridad Social (con universalización de coberturas), desterrando el genocidio representado por la exclusión social, aboliendo el modelo de acumulación de riqueza contrario al interés humano y eliminando toda forma de lucro.

Si bien la idea de la necesaria reforma estructural del sistema es acompañada por diversos actores, entre ellos el Frente Amplio (recogida en el Programa 2015-2020), estimamos que podría considerarse la concreción de una institución pública que gestione los aportes de los trabajadores, con el fin de nutrirse de rentabilidad, invirtiendo los mismos con criterio social.

Mientras no se concrete la referida reforma estructural del sistema acompañamos las propuestas vertidas por la COSS y el Equipo de Representación de los Trabajadores (ERT), recogidas en su Plan de Trabajo y Objetivos para el año 2015 (Veinte propuestas concretas que se transcriben al final del presente documento) e incorporamos nuevas propuestas producto del intercambio en nuestro sindicato, detalladas a continuación:

1. SUFICIENCIA DE LAS PRESTACIONES DE PASIVIDAD DETERMINADAS POR SISTEMA MIXTO

El carácter indefinido de las prestaciones que surjan de este sistema mixto, en particular las determinadas por el régimen de jubilación por ahorro individual obligatorio (1), no significa que no deban cumplir con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución, es decir, ser suficientes. Dicha suficiencia debería estar establecida legalmente. Para ello sugerimos dos alternativas:

a. Una modificación a la ley 16713, donde se establezca que a los efectos de la suficiencia las tasas de reemplazo (2) resultantes serán similares a las establecidas para el régimen de transición.

b. Condicionar de tal forma las vertientes que determinan las prestaciones que surgen del sistema de jubilaciones por ahorro individual obligatorio, de tal forma que den un resultado suficiente.

Para esta alternativa proponemos:

i) Modificación de los literales b y c del artículo 68° del decreto125/996 de 01.04.1996, por los siguientes:

“b) La expectativa de vida del afiliado, de acuerdo a las tablas completas de mortalidad que determine el MTSS con el asesoramiento del Banco de Previsión Social y el Instituto Nacional de Estadísticas;

c) La tasa de interés anual que ofrezca la empresa aseguradora, la que no podrá ser inferior a la tasa mínima en Unidades Reajustables que fije el Banco Central del Uruguay. Dicha tasa mínima no podrá ser inferior, por ejemplo, al 2% efectivo anual.”

FUNDAMENTO: el Banco Central tiene por fin regular las actividades y “salud” de las empresas financieras y ello puede a llegar a ser contradictorio con los principios de la Seguridad Social y en particular con la suficiencia de las prestaciones. Por lo

que dichas decisiones no pueden estar bajo la órbita de un organismo incompetente para determinar las mismas. (Artículo 67 y 195 de la Constitución). Asimismo, correspondería modificar el sistema de forma que quien pague las jubilaciones en su totalidad y tome las decisiones respecto a las mismas, sea el BPS, cumpliendo las disposiciones constitucionales.

ii) Modificación del párrafo 3 del artículo 117 de la ley 16.713 de 11.09.1995 por el siguiente:

“La tasa de rentabilidad real mínima anual promedio del régimen es la menor entre el 2% (dos por ciento) anual y la tasa de rentabilidad real promedio del régimen menos dos puntos porcentuales, siempre que este último resultado no sea inferior al por ejemplo, 2% (dos por ciento) anual promedio.”

FUNDAMENTO: una rentabilidad anual promedio inferior al 2%, para 30 años de ahorro mínimo, dará como resultado una prestación insuficiente de acuerdo a la expectativa de vida en el país.

iii) Modificar las posibilidades de inversión permitiendo dar préstamos personales a afiliados y beneficiarios del sistema de Seguridad social, diferenciando los mismos según sea el destino: vivienda o consumo. Para vivienda el plazo podrías ser hasta 25 años y una tasa de interés no inferior a la evolución del Índice Medio de Salarios en los últimos doce meses, más –por ejemplo- dos y medio puntos porcentuales. Y en el caso de consumo un plazo de hasta seis años y una tasa de interés no inferior a la evolución del Índice Medio de Salarios en los últimos doce meses, más cinco puntos porcentuales;

iv) Establecer que los nuevos préstamos que se otorguen cuya amortización se realice con retenciones sobre el salario o de la cuenta sueldo, solo pueden provenir de fondos del sistema de ahorro individual.

v) Se debería crear un seguro que cubra el desfasaje de evolución entre UR y UI, si la misma excede un porcentaje determinado. Esto facilitaría las inversiones de los fondos de ahorro previsional. Dicho seguro debería financiarse con impuestos directos o indirectos a la actividad financiera.

2. ALTERNATIVA PARA LA DESAFILIACIÓN DEL SISTEMA MIXTO Y OPCIÓN POR EL SISTEMA DE TRANSICIÓN A LOS CINCUENTONES QUE NO HAN GENERADO UN AHORRO TAL, QUE POSIBILITE UNA PRESTACIÓN SUFICIENTE, SIMILAR A LA QUE SE LOGRARÍA POR EL RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

3. UNIFICACIÓN DEL TOPE JUBILATORIO ESTABLECIDO EN RÉGIMEN JUBILATORIO DEL SISTEMA DE TRANSICIÓN EN EL MONTO ESTABLECIDO PARA EL CASO DE MÁS DE UNA PASIVIDAD O SUBSIDIO.

FUNDAMENTO: la diferenciación de tope jubilatorio según se tenga una pasividad o varias es una limitante que no tiene fundamento lógico alguno dado que una persona puede generar un mismo ingreso y aportar lo mismo a la Seguridad Social teniendo un trabajo, que teniendo dos trabajos y un mismo sector de afiliación o que teniendo dos trabajos y diferentes sectores de afiliación y no por ello deben tener prestaciones de pasividad diferentes.

4. INCREMENTAR LA EDAD MÁXIMA QUE SE SIRVE LAS PENSIONES A LOS HIJOS, PASÁNDOLA DE 21 A 24 AÑOS, CONDICIONADA A RAZONES DE ESTUDIO, PRECARIEDAD O INSUFICIENCIA DE INGRESOS.

FUNDAMENTO: la sociedad actual exige cada vez más a los jóvenes prepararse más para la vida laboral. Es así que el nuevo Rector de la Universidad de la República ha reclamado un sueldo como estudiante a los jóvenes que estudian para que puedan dedicarse a ello. Debe tenerse presente que tener estudiantes que estén cursando una carrera por más del doble de tiempo para la que está programada también tiene costo. En el mismo sentido, aquellos jóvenes que carecen de un sostén familiar que los apoye o el mismo es insuficiente, y que por ser jóvenes les cuesta insertarse en el mercado laboral, necesitan un apoyo adicional hasta lograr a una edad más razonable para los tiempos actuales lograr el autosostenimiento.

5. ATENDER LAS SITUACIONES DE LICENCIA POR LACTANCIA DE AQUELLAS TRABAJADORAS CON UNA CARGA HORARIA SEMANAL MAYOR A 40 HORAS EN RÉGIMEN LABORAL DE MENOS DE SEIS DÍAS DE LABOR, DADO QUE ACTUALMENTE LA PRESTACIÓN QUE SE SIRVE ES POR EL 50% DE LA CARGA HORARIA SEMANAL Y SIN TOMAR EN CUENTA LA CARGA HORARIA DIARIA, HECHO ÉSTE QUE LE GENERA UNA PÉRDIDA DE INGRESO A LA MADRE TRABAJADORA.

FUNDAMENTO: a vía de ejemplo, una trabajadora que cumple 44 horas semanales trabajando de lunes a viernes 8 horas y 48 minutos, estando de licencia por lactancia percibe una prestación equivalente al 50% de su carga horario semana, o sea por 22 horas y de lunes a viernes por el trabajo realizado de hasta 4 horas diarias, percibe una retribución por 20 horas semanales. En consecuencia tiene una pérdida de 2 horas semanales. (44-22-20)

6. OTORGAR CARÁCTER UNIVERSAL A LOS ASPECTOS ASISTENCIALES DEL SISTEMA DE AYUDAS ESPECIALES QUE HOY BRINDA EL BPS A LOS AFILIADOS DEPENDIENTES DEL SECTOR PRIVADO.

REFERENCIAS:

(1) Por ser el resultado de: el saldo acumulado en la cuenta de ahorro individual, a la fecha de traspaso de los fondos desde la entidad administradora a la empresa aseguradora, a la expectativa de vida del afiliado y a la tasa de interés respectiva (tasa de interés técnico)

(2) La tasa de reemplazo refiere al porcentaje respecto al monto percibido en actividad que el pasivo recibirá como jubilación proveniente de BPS (para el régimen de solidaridad intergeneracional o transición). En este documento también hace referencia al porcentaje que percibe como pasividad total (jubilación de BPS y renta proveniente de la AFAP) respecto a los ingresos totales percibidos en actividad.

ANEXO

Se transcribe a continuación la foja 7 del documento Plan de Trabajo y Objetivos para el año 2015 de la COSS y ERT mencionado precedentemente:

En el Diálogo Nacional en Seguridad Social que funcionó a partir de noviembre de 2010, desde el ERT como delegación representante del PIT-CNT se presentaron 20 propuestas concretas:

1. Modificar el monto del subsidio por enfermedad.
2. Derogar el artículo 178 de la ley 16.713.
3. Modificar los decretos sobre BAREMO.
4. Derogar el artículo 8 de la ley 16.713 y eliminar el artículo 31 del decreto 399/95.
5. Tasas de reemplazo diferenciales, progresivas, decrecientes.
6. Comisiones de las AFAP tomando como base la rentabilidad y no lo aportado.
7. Modificación del básico jubilatorio de quienes realizaron aportes superiores al tope, anteriores a la ley 16.713 (art.27) y modificación de las tablas de expectativa de vida utilizadas para el pago de las prestaciones por el sistema de ahorro individual.
8. Avanzar en las Asignaciones Familiares, tanto en los montos como en los beneficiarios.
9. Retiro parcial, condicionado al acuerdo de partes e ingreso de nuevo personal a la empresa.
10. Mejora del Subsidio por Desempleo para los trabajadores rurales, zafrales y temporarios.
11. Profundizar la coordinación con otros organismos e instituciones públicas , MTSS e INEFOP.
12. Derecho a la cobertura de salud de pequeños empresarios con más de un 1 dependiente.
13. Regulación del trabajo autónomo; con el objetivo de reducir la informalidad.
14. Creación de un Fondo de Garantía de Créditos Laborales ante la insolvencia del empleador.
15. Políticas focalizadas para sectores más excluidos.
16. Medidas de protección e inclusión hacia los jóvenes y políticas de género.
17. Ampliación de Prótesis y otros Beneficios para las y los Funcionarios Públicos.
18. Modificar los topes que definen la carencia de recursos para Pensión Invalidez y Vejez.
19. Notificación por parte del BPS de la Historia Laboral y proyecto que posibilite al trabajador a actualizarla hasta 2 años luego de la ruptura del vínculo laboral.
20. Implementar medidas específicas destinadas a promover políticas de conciliación de la vida laboral, social y doméstica (1), como la reducción de la jornada laboral o licencias especiales.

Del universo de propuestas presentadas se ha logrado las comprendidas en los puntos 1, 2, 3, 9 y 12 y parcialmente las comprendidas en los numerales 18 y 20.

(1) Ver documento final del DNSS, abril 2008, Informe Comisión Ejecutiva MTDI.

APORTE DE LA ATSS AL XII° CONGRESO DEL PIT-CNT
Salud para los trabajadores y los trabajadores de la salud

En el marco de la valoración general de la situación actual del sistema de protección y seguridad social, ATSS entiende que aún continúan sin resolverse aspectos claves en materia de Salud.

LA SALUD COMO DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

Si bien en el discurso se valida como tal, desde el punto de vista jurídico no es un tema menor que no se vea reflejado en un cambio en el artículo constitucional como marco regulador que la mantiene como un deber individual y al Estado como un benefactor con el indigente. Nos parece que se impone una reforma que posicione este derecho desde el nivel de las máximas garantías que ofrece La Constitución de la República.

Artículo 44.- El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes. (Constitución de la República, 1967)

Como específicamente lo refiere y lo reconoce el Movimiento Sindical en sus documentos, la reforma sanitaria plasmada en el Sistema Nacional Integrado de Salud vino a rescatar de la crisis estructural a las instituciones y trabajadores, buscando superar el acceso restringido de la población a los servicios de salud y el empobrecimiento de la Salud Pública.

Sin embargo, este proceso de construcción social no ha logrado superar la contradicción entre la salud como un derecho humano fundamental y los intereses económicos/corporativos que rigen la lógica de organización y funcionamiento de un sistema mixto. Muestra de ello es la exclusión del sistema en la que se encuentran servicios públicos como el Hospital de Clínicas, los Servicios de Salud del BPS, Sanidad Policial y Militar y las Policlínicas Municipales.

Por este camino, ¿transitamos hacia un proceso de desmercantilización de la salud?

Pensamos que desde el momento en que impera la lógica de las corporaciones económicas/profesionales, la industria farmacéutica, la industria de tecnologías médicas, etc., es casi imposible hablar de un proceso de desmercantilización.

Solicitar la disminución del costo de tickets de medicamentos u órdenes de atención médica no significa disputar la dirección ni las condiciones que este modelo impone.

Para hablar real y razonablemente de un proyecto en disputa, deberíamos estar como clase presentando un proyecto alternativo que supere estas contradicciones.

Desde nuestro punto de vista, uno de los componentes centrales de ese proyecto alternativo es la definición del carácter público y gratuito de un nuevo modelo de atención en salud que contenga a toda la población.

Aplaudimos la iniciativa de los trabajadores del sector privado que han hecho un análisis crítico del sistema y en esa línea pensamos que los sectores de trabajadores de la Salud Pública estamos en un debe en lo que hace a la defensa de un modelo público integral. Tenemos que salir de la lógica de la defensa para instituir una lógica ofensiva con capacidad de proyección. Solo por este camino visualizamos la superación de las contradicciones planteadas.

SERVICIOS DE SALUD DEL BPS
El deterioro de los Servicios que prestaba la ex-Asignaciones Familiares y el desdibujamiento de su rol dentro del Sistema Nacional Integrado, ha provocado una disminución importante de la calidad y cantidad de servicios, para la población más vulnerable portadora de discapacidad congénita.

Este retroceso se traduce en el desmejoramiento de la calidad de vida y la pérdida efectiva de derechos conjuntamente con el establecimiento de criterios de selectividad por patologías que implican mayores niveles de exclusión.

Es por esta razón que los trabajadores del Área de la Salud del BPS, nucleados en ATSS, venimos trabajando en el diseño y construcción de un Centro de Asistencia y Rehabilitación Integral, que abarque a todas las patologías congénitas sin discriminación, en los distintos niveles de atención y rehabilitación, con financiamiento público.

NO SÓLO QUEREMOS HABLAR DE LA SALUD PARA LOS TRABAJADORES SINO TAMBIÉN DE LOS TRABAJADORES DE LA SALUD

Entendemos que existen dos puntos fundamentales que nuclean la discusión de todos los trabajadores para garantizar y viabilizar la construcción de un modelo alternativo:

1. Estatuto Único de los Trabajadores de la Salud, que paute equidad en las condiciones de trabajo, carga horaria y remuneración.

2. Programa de Salud y Seguridad Laboral, que diseñe y genere las condiciones de prevención de riesgos y mejora del ambiente y organización del trabajo.

 

APORTE DE LA ATSS AL XII° CONGRESO DEL PIT-CNT
Comisión de vivienda

En el año 2008, ATSS desarrollaba el concepto de Protección Social, como fase superior de la Seguridad Social, en un proceso que desterrara el genocidio que representaba la exclusión social y aboliera el modelo de acumulación de riqueza contrario al interés humano.

El desarrollo de este concepto iba en consonancia con los planteamientos de la OIT sobre Seguridad Social y que en el año 2009 se resumía en la iniciativa de fijar un Piso de Protección Social para una globalizacion equitativa e inclusiva y como respuesta a la crisis del sistema capitalista que comenzaba a dejar sus secuelas a nivel mundial, particularmente en EEUU y Europa.

Desde aquella perspectiva se planteaba una nueva reformulación del paradigma, vinculando la Protección Social con las personas, quienes como sujetos de derechos, deben quedar incluidas en un amplio campo de coberturas por la sola condición de tales. En tal sentido, las relaciones sociales pasan a definirse desde una dimensión de la realización humana integral que incluye el valor ético del trabajo como elemento cultural de dignificación de la vida, y enfocado en la creación de una nueva cultura tendiente a que el relacionamiento humano se apoye en el paradigma de la Protección Social, con participación activa de la sociedad.

El acceso a la vivienda decorosa vinculado a la Protección Social, cumple un rol fundamental en el desarrollo de valores éticos, por un lado el trabajo en la construcción por ayuda mutua, la organización como herramienta para la solución de esta problemática, la solidaridad y la inclusión social.

Asimismo, el acceso a la vivienda decorosa como derecho ciudadano consagrado en la Constitución de la República, “Articulo 45.- Todo habitante de la República tiene derecho a gozar de vivienda decorosa. La Ley propenderá a asegurar la vivienda higiénica y económica, facilitando su adquisición y estimulando la inversión de capitales privados para este fin. (Constitución de la República, 1967)”, nos permite reflexionar sobre la necesidad de desarrollar políticas tendientes a satisfacer obligaciones pendientes, reforzado además por las expresiones del Presidente Tabaré Vázquez: “Dentro de la Constitución y la Ley todo, fuera de la Constitución y la Ley nada”.

La Política en Vivienda se ha caracterizado por un sinnúmero de programas muchos de ellos de forma independiente, MEVIR (trabajadores rurales), jubilados, cooperativas, préstamos hipotecarios, etc.

De la experiencia recabada en estos años podemos apreciar que además de la necesidad de vivienda nueva, también hace falta financiación para compra de vivienda usada, refacción y ampliación de vivienda.

Asimismo deben coordinarse acciones entre los diferentes sindicatos así como con las diferentes instituciones y ministerios para poder desarrollar una estrategia nacional para implementar estas políticas, en particular el MVOTMA, ANV, OSE, UTE, BHU, Intendencias, MTOP, Trabajadores, Jubilados.

Respecto del Programa de Vivienda Sindical si bien la experiencia en cuanto a estas políticas ha demostrado ineficacia y falta de controles que se deben mejorar, entendemos que ha significado un salto cuantitativo y cualitativo, por cuanto ha permitido el desarrollo de organizaciones en lugares donde antes no existían (particularmente el interior del país), así como la instalación de un tema sensible a la clase trabajadora en la comunidad, posicionándola como vanguardia en la solución de esta problemática.

Existe un vacío en relación a las necesidades de una franja importante de trabajadores, que no pueden acceder a ninguna de las opciones para adquirir una vivienda, ya sea mediante préstamos para la compra o garantía de alquiler.

En el caso de los alquileres, se debe remarcar que el valor de los mismos no tiene proporción con el salario, teniendo en cuenta además, que el IRPF es traspasado a los inquilinos en los hechos, aunque no les corresponda.

PROPUESTAS

Partiendo de la base de otras experiencias, jubilados, trabajadores rurales y de la construcción entre otros, entendemos se debería encarar un Fondo Nacional de Vivienda, que permita el acceso decoroso a la mayor cantidad de ciudadanos. Un fondo además, solidario y dirigido por una Junta Nacional de Vivienda, integrada por representantes del Poder Ejecutivo, la UDELAR, trabajadores, jubilados y la Cámara de la Construcción.

Respecto al tope de ingresos del núcleo familiar para poder integrar una cooperativa, entendemos que deberían elevarse a los mismos valores que toma en cuenta el BPS para la Mano de Obra Benévola y la Autoconstrucción (90 UR para viviendas de 2 dormitorios y 120 UR para viviendas de 3 ó más dormitorios). Refuerza este planteamiento el hecho de que esos topes se manejan para exonerar el 100 % del costo de mano de obra de la Mano de Obra Benévola y la Autoconstrucción (excepto Sanitaria y Electricidad) lo cual para el caso de la Ayuda Mutua representa el 15% del costo de la mano de obra.

Respecto a la solución habitacional para adultos mayores, entendemos que al igual que para las personas con capacidades diferentes, debería destinarse un porcentaje de las viviendas construidas por Ayuda Mutua o Ahorro Previo para jubilados, como forma de incluir e integrar socialmente al adulto mayor. Existen miles de experiencias donde los adultos mayores participan activamente en la construcción de viviendas por ayuda mutua.

Respecto a la deducción de los alquileres para el IRPF, actualmente la ley vigente establece que los inquilinos de inmuebles con destino a vivienda permanente podrán descontar del IRPF el monto equivalente al 6% del precio del alquiler. Asimismo se puede deducir las cuotas de préstamos hipotecarios hasta un tope de 36 BPC. Entendemos que los mismos deben integrarse en su totalidad a los gastos generales deducibles del IRPF, aplicándoseles los porcentajes establecidos según las franjas de deducciones correspondientes previstas en la ley.

Respecto a las viviendas deshabitadas, entendemos necesario implementar una política de recuperación y refacción de las mismas, mediante expropiación u otros mecanismos judiciales que permitan devolver dichos inmuebles a la comunidad. En particular, al conmemorarse los 200 años del Reglamento de Tierras de José Artigas, saludamos la iniciativa de legislar en la materia, sobre la ley de inmuebles declarados judicialmente en abandono.

 

APORTE DE LA ATSS AL XII° CONGRESO DEL PIT-CNT
Acerca del tema salarial

1. En materia salarial se mantiene el objetivo histórico de que ningún trabajador debe tener un ingreso líquido, por todo concepto, menor al valor de la media canasta familiar que está en el entorno de los $ 30.000.

Conscientes de la particular coyuntura económica que vive el país entendemos que para cumplir con el principio básico de la “Justa Remuneración” establecido en el art. 54 de la Constitución de la República el salario líquido mínimo de ingreso al sector público no puede ser menor que el mínimo del Impuesto a las Renta de las Personas Físicas (IRPF) que está establecido en 7 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), lo que a valores del presente año alcanza los $ 21.364.

Este mínimo salarial no es arbitrario en tanto se corresponde con el criterio que el gobierno define para identificar el nivel de ingreso a partir del cual un trabajador está en condiciones adecuadas para pagar un impuesto a la renta.

Esta propuesta implica, por supuesto, que todos los ingresos de los demás grados aumenten en la misma proporción a fin de no reducir la diferencia porcentual entre grados y mantener el estímulo que significa un mayor ingreso cuando se asumen mayores responsabilidades en el organismo.

Para lograr el objetivo planteado en forma gradual se podrían seguir dos caminos:

– El criterio utilizado por el primer gobierno del Frente Amplio para lograr la recuperación del salario previo a la crisis del 2002 que fue asociar el aumento salarial al crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). De esa forma se mantendría estable la relación entre la masa salarial y el PBI y se obtendría un aumento del poder adquisitivo del salario equivalente al crecimiento del PBI.

– Determinar el aumento necesario para cumplir con lo planteado y distribuir el incremento a lo largo del período independientemente de cuál sea el aumento del PBI.

Es necesario, además, que se comience a pagar a los trabajadores públicos el justo beneficio que tienen los trabajadores del sector privado: el salario vacacional.

2. Para que los aumentos nominales que se produzcan por cualquiera de las alternativas planteadas en el punto anterior sean un efectivo aumento del salario real es imprescindible que los ajustes salariales por inflación sean como mínimo el 100% de la inflación pasada. Este punto debe ser resuelto a nivel de la negociación colectiva del sector público.

En el primer gobierno del Frente Amplio se aplicó el 100% del IPC pasado hasta enero 2008. En el año 2009 se aplicó por primera vez la inflación futura.

En el segundo gobierno la ley presupuestal modifica la forma de actualizar el salario sustituyendo la inflación pasada por la futura, con el argumento de que así se evitaría que la inflación se propague de un año para el otro.

El Art. 4 de la Ley de Presupuesto define que: “Los ajustes serán realizados tomando en consideración la meta de inflación fijada por el Comité de Coordinación Macroeconómica para el período de vigencia del aumento” y que “…deberán incluir, asimismo, un correctivo que tome en cuenta la diferencia en más que se hubiere registrado entre la variación observada del IPC durante la vigencia del ajuste anterior y el porcentaje de ajuste otorgado.”

La descripción de la metodología muestra que el ajuste salarial queda determinado, básicamente, por el gobierno a través de la inflación futura, variable elegida discrecionalmente y que no está sujeta a ningún tipo de negociación con los trabajadores. El costo de este método son las pérdidas de poder adquisitivo a lo largo del año que se refleja en una reducción del salario anual promedio por este concepto.

En 2013 y 2014 la situación empeoró sustancialmente cuando el gobierno actuó con medidas políticas “heterodoxas” para que el IPC bajara en el mes de diciembre a través de la reducción de la tarifa de electricidad del Plan UTE Premia.

Para evitar estos perjuicios en la nueva Ley de Presupuesto debería haber una modificación del artículo que determina la forma de hacer los ajustes. Por un lado habría que incluir una inflación futura que se adicionase al 100% de la inflación pasada para reducir las pérdidas de poder adquisitivo a lo largo del año. Por otro lado, el IPC a considerar debería ser el mayor entre el IPC acumulado a diciembre y el promedio del IPC anualizado en todos los meses del año. Esto reduce el peso que puede tener una medida como el UTE Premia a un doceavo de su valor.

Para mejorar el salario se deberían tomar dos medidas complementarias que tienen que ver con el IRPF: 1) el mínimo no imponible debería aumentar a 8 BPC ($ 24.416) según lo habilita la Ley Nro. 18.910, Art. 4 (15/06/2012); 2) la actualización del valor de la BPC debería realizarse por la variación del Índice Medio de Salarios y no por la variación del IPC como se ha hecho en todos los años de vigencia de este mecanismo lo que ha generado una pérdida para los trabajadores por la reducción del mínimo no imponible en términos reales.

3. Históricamente se han fijado cláusulas gatillo que se activan si se superan ciertos límites de inflación, en esos casos el gobierno está obligado a realizar ajustes especiales y/o a modificar el período de ajuste (por ejemplo, pasar de anual a semestral, etcétera).

En el primer gobierno del Frente Amplio el gatillo era el siguiente: “Si la variación del IPC medida en años móviles en cualquiera de los meses posteriores al ajuste fuere superior al 10% (diez por ciento), el Poder Ejecutivo adecuará las citadas remuneraciones por períodos no mayores de seis meses.” Y agregaba: “Si la variación acumulada del IPC en los meses posteriores al ajuste de las remuneraciones y hasta la mitad del período fuere superior al 10% (diez por ciento), el Poder Ejecutivo dispondrá un nuevo ajuste, lo que se hará con vigencia al mes siguiente de tal acontecimiento.”

En el segundo gobierno al gatillo se “le puso un seguro” para que no se dispare: “Si la variación del IPC medida en años móviles en cualquiera de los meses posteriores al ajuste fuere superior al 10% (diez por ciento), el Poder Ejecutivo convocará al Consejo Superior de Negociación Colectiva del Sector Público… a los efectos de compartir información y analizar las medidas más adecuadas a adoptar. En estos casos el Poder Ejecutivo queda habilitado a aplicar en el siguiente ejercicio financiero dos ajustes semestrales.” Dado los niveles de inflación de los últimos años han sido cercanos al 10% parece más que necesario reincorporar clausulas gatillo que se activen automáticamente.

 

APORTE DE LA ATSS AL XII° CONGRESO DEL PIT-CNT
Acerca del Trade in Services Agreement (TISA)

El ingreso de Uruguay a las negociaciones del Trade in Services Agreement (TISA) fue rechazado por la MRNA de nuestra central el 17 de marzo de 2015 por considerar: “que esto pondría en riesgo el patrimonio y la soberanía nacional con la intención de liberalizar y desregularizar los mercados.” Entendemos que el Congreso debe ratificar esta resolución y con ese fin se aportan elementos que fundamentan ese rechazo.

1. LOS PROCEDIMIENTOS

En el gobierno de José Mujica la “reserva” o el “hermetismo” se llevaron a tales extremos que todo el proceso desde la solicitud de ingreso hasta la incorporación a las negociaciones fue desconocido para la sociedad en general. En el nuevo gobierno la situación ha variado sustancialmente y existe información acerca de los pasos que se están recorriendo.

2. EL NIVEL DE COMPROMISO QUE IMPLICA PARTICIPAR EN LA NEGOCIACIÓN

El gobierno sostiene que el ingreso a las negociaciones del TISA no exige ningún tipo de condiciones y se puede salir de las mismas fácilmente. Esto no es muy convincente cuando se participa como miembro pleno (no con la categoría de observador) de una negociación plurilateral que exige la aceptación de los acuerdos ya alcanzados y el compromiso de buena fe de aceptar los resultados de las negociaciones subsiguientes.

3. TIENE OBJETIVOS CONTRARIOS A NUESTROS INTERESES

El objetivo general de los promotores del TISA es ampliar los espacios de acumulación para el capital transnacional desplazando a las empresas nacionales, particularmente las del sector público. Para lo cual tienen los siguientes objetivos específicos: a) Libre acceso a los mercados para sus empresas, sin limitaciones de ningún tipo; b) Trato nacional, sus empresas tendrían un trato igual que las empresas nacionales sin ninguna forma de discriminación; c) Trato de nación más favorecida, el máximo beneficio que se otorgue a cualquier nación se le debe otorgar a los miembros de este acuerdo.

Para lograr que esos objetivos se cumplan y no retrocedan tienen varios “blindajes”:

I. El “statu quo”, que “congelaría los actuales niveles de liberalización de la economía en todos los ámbitos” (1). Esto bloquearía la posibilidad de que un gobierno presente o futuro pueda volver atrás lo ya liberalizado.

II. Las “disposiciones de trinquete”, que implica que “cualquier cambio o enmienda a una medida nacional relacionada con los servicios que en la actualidad no se ajusta a las obligaciones del acuerdo se realice en una dirección a una mayor conformidad con el acuerdo, no menos” (2). Esto significa que solo se pueden hacer cambios en dirección a mayores niveles de liberalización reduciendo cada vez más la soberanía nacional. Si un gobierno favorable al capital toma medidas que eliminan regulaciones y liberan mercados, un gobierno posterior que defienda los intereses de los trabajadores, un desarrollo económico con fuerte participación del Estado y la protección de empresas nacionales medianas o pequeñas no podría modificarlo.

III. Arreglo de diferencias, la Unión Europea y los Estados Unidos, proponen que “el tribunal (panel) debe tener la necesaria formación y solvencia referida a los servicios financieros en controversia” (3). Eso implica que las condiciones que se establecen serán reguladas y arbitradas, como en todos los acuerdos internacionales por tribunales propios, excluyendo así las competencias y las legislaciones de cada país.

IV. Todos los mercados existentes son parte del acuerdo, salvo que sean excluidos del tratado a texto expreso por una “lista negativa”, lo que implica que todo nuevo mercado que se genere por avances tecnológicos o por cualquier otra razón queda bajo las reglas del TISA.

V. El texto básico del TISA excluye los servicios suministrados ‘en ejercicio de facultades gubernamentales’ del ámbito de aplicación del acuerdo, pero los servicios prestados en el ejercicio de dichas facultades están estrictamente definidos como “todo servicio que no se suministre en condiciones comerciales ni en competencia con uno o varios proveedores de servicios” (4), lo que implica que la mayor parte de los servicios públicos quedarían incluidos en la liberalización del TISA.

4. La participación en esta negociación implica ignorar que Uruguay es básicamente exportador de bienes de origen agropecuario y ha compartido el reclamo de los países del Tercer Mundo para que se eliminen los subsidios que otorgan los Estados Unidos y la Unión Europea a la producción de dichos bienes, lo cual ha sido una condición sine qua non, para negociar la liberalización del mercado de servicios.

En ese marco parece absurdo que Uruguay, cuyas exportaciones de bienes y servicios, en 2014, están compuestas en un 76.4% por bienes, la mayor parte de origen agrícola, este abriendo su mercado de servicios a los países centrales. Téngase en cuenta, además, que la mayor parte de los servicios que exportamos como “Transporte” (4,5%) y “Viajes” (12,9%) no se verán favorecidos por este acuerdo. El sector que sería eventualmente beneficiado por el ingreso a los mercados de los países miembros del TISA es “Otros Servicios” (6,3%), el cual tiene tres componentes principales: “Servicios empresariales, profesionales y técnicos varios” (2,5%); “Servicios de Informática” (2%); “Servicios financieros, excluyendo seguros” (1%), el primero de los cuales se realiza en buena medida desde las zonas francas donde tienen muy importantes beneficios fiscales.

5. Los riesgos de este tipo de acuerdos son bastante obvios: las empresas nacionales de servicios que producen para el mercado interno van a tener que competir con empresas con enormes economías de escala y posiciones dominantes a nivel mundial. Esto afectará principalmente a las Empresas Públicas que tienen monopolios y/o compiten con marcos regulatorios que las protegen.

La aplicación de este tratado consagra definitivamente la existencia de las AFAPS y la participación de empresas extranjeras en el sistema de Seguridad Social y debilita significativamente la posibilidad de mantener y ampliar un sistema de empresas y servicios públicos que preservan la soberanía en importantes ámbitos económicos. Afecta la democracia porque la capacidad de administrar y regular los servicios públicos a través de la legislación nacional queda severamente restringida porque los acuerdos adquieren carácter supra constitucional.

Los inversores extranjeros obtendrán protecciones contra lo que crean reglamentaciones restrictivas del comercio (no importa si estén diseñadas para proteger el medioambiente, la salud, seguridad pública, estabilidad financiera o para garantizar el acceso universal a los servicios). A su vez generará las condiciones para que se produzca un deterioro significativo de los derechos laborales, los ingresos de los trabajadores y pone en riesgo derechos económicos fundamentales, particularmente para los sectores más pobres.

6. La participación en las negociaciones del TISA entra en franca contradicción con las definiciones programáticas del Frente Amplio en lo que tiene que ver con su política de inserción internacional. Es muy explícita la definición del Mercosur como “plataforma de la regional de la inserción internacional” y que “las negociaciones comerciales de inserción internacional deberán plantearse desde la Agenda Externa del MERCOSUR”. También es muy claro y preciso el rechazo a tratados de libre comercio “en los términos y las condiciones de los que EEUU ha firmado con Perú… referidos a normas de competencia, compras gubernamentales, propiedad intelectual, servicios, barreras técnicas al comercio, etc., tampoco son aceptables introducidos en otros acuerdos tipo TIFA o similares”.

NOTAS:

(1) (2) (3) Scott Sinclair y Hadrian Mertins-Kirkwood, “El acuerdo para el comercio de servicios y la agenda corporativa”, disponible en http://www.world-psi.org/es/informe-especial-de-la-isp-el-tisa-frente-los-servicios-publicos

(4) Trade in Services Agreement (TISA), Financial Services Annex, WikiLeaks release: June 19, 2014, p. 16, disponible en https://wikileaks.org/tisa-financial/