La seguridad social desde 2005 a la actualidad

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En esta segunda parte del artículo de Adolfo Bertoni, ex presidente de ATSS y actual integrante de su comisión especializada en el tema se deja planteado el estado actual de la seguridad social, a fin de proporcionar elementos que permitan comprender mejor la coyuntura actual y brindar bases para la formulación de respuestas ante la inminente reforma de la Seguridad Social que llevará adelante el presente gobierno

Los gobiernos del Frente Amplio: permanencias y cambios.

A pesar de tener escrito en el programa de gobierno presentado a la ciudadanía en las elecciones nacionales de 2004 y siguientes que debía eliminarse el lucro de la seguridad social, y a pesar de tener mayoría absoluta en las dos Cámaras del Poder Legislativo en los tres periodos que gobernó, el Frente Amplio nunca promovió reforma alguna que implicara un cambio de estructura del sistema, manteniendo consecuentemente el sistema mixto y las AFAP. (1)

Por otra parte, afortunadamente las modificaciones vigentes desde el 2008 gracias a la llamada “Ley de flexibilización”, efectivamente permitieron que muchos miles de trabajadores y especialmente trabajadoras, hayan accedido o estén accediendo a jubilarse (aunque con las bajas prestaciones ya señaladas). Esos cambios fueron la reducción de 35 a 30 años de servicios para configurar causal jubilatoria; el otorgamiento a las mujeres de un año más de trabajo por cada hijo/a nacido/a vivo o adoptado/a (con un tope de 5), y nuevas causales por edad avanzada.

En el 2013 se aprobó una (mala) ley que intentó facilitar la desafiliación de las AFAP de quienes se habían afiliado a ellas “voluntariamente”, y en diciembre del 2017 se aprobó otra ley que en parte soluciona el problema de los “cincuentones” obligados, aunque rebajándoles un 10% del valor inicial de su jubilación, en una clara injusticia que castiga a los integrantes de dicha franja etaria.

(Como resoluciones francamente negativas vale recordar que en el gobierno de Mujica se permitió que las AFAP cumplieran su sueño de poder invertir una parte de los ahorros de los trabajadores y trabajadoras uruguayas, en el extranjero, y que en los últimos años el Banco Central se metió activamente en el sistema “toqueteando” la tasa de interés técnico a su antojo, perjudicando de por vida a miles de trabajadoras y trabajadores, anteponiendo las finanzas del Banco de Seguros del Estado que paga las “rentas vitalicias” del pilar de ahorro individual).

La alarma del 2026: el próximo problema de los “sesentones”.

Buena parte de la historia del Uruguay está en las “declaraciones de servicios” que un trabajador o una trabajadora hacen al iniciar su trámite jubilatorio ante el BPS. La historia económica y social está allí con claridad. Esta conjunción de la realidad colectiva con la personal no siempre se ve: el ser que se presenta a jubilarse es alguien que viene a ejercer un derecho porque ha hecho éste país con su trabajo.

Hasta hace unos 25 años –salvo en casos de actividad doméstica “con retiro”, o de la construcción– era común que toda la vida laboral se hubiera desarrollado en una sola empresa, (o dos, o como mucho tres), y los períodos de inactividad apenas existían. Los salarios solían mantenerse en una meseta durante una parte larga del tiempo, o había aumentos progresivos y lentos, estando siempre los sueldos más altos (a veces mediante un acuerdo trabajador-empleador) en los últimos años de trabajo. Si un empresario evasor no aportaba al BPS por un dependiente, al no ser este responsable de tal defraudación, tenía la posibilidad de proponer testigos (2) que efectivamente conocían su actividad (ex compañeros, vecinos, etc.).

Hoy, drásticamente, (y sin tener en cuenta la pandemia), salvo tal vez en el empleo público y en algunas excepciones privadas, las empresas declaradas cambian en plazos cortos; los períodos de inactividad se reiteran; y la evolución de los salarios es impredecible: pueden ir en ascenso; bajar por un cambio brusco y obligado; pueden no existir por períodos de desocupación no compensada, changas, actividad “en negro”… o llegar a ser muy importantes en algunas ramas de actividad.

Ésta realidad, con esas historias laborales propias de los cambios en el mercado de trabajo –más cierto comportamiento de las nuevas generaciones que debería estudiarse– permite asegurar que lo peor del sistema jubilatorio aún no lo hemos visto.

A partir del 2026 empezaremos a ver decenas de miles de “sesentones” sin derecho a jubilación, por no poder reunir el mínimo de años de servicios registrados necesarios.

¿Por qué hablamos del 2026? Porque entonces se cumplirán 30 años de vigencia plena de la historia laboral. (Para dimensionar la gravedad real del problema, estudios recientes en poder de la Comisión de Expertos afirman que “en promedio, los hombres cotizan el 59% de su vida laboral y las mujeres el 55%”. Y el nivel de ingresos influye sustancialmente: mientras que entre el 20% de la población con mayores ingresos “la mitad logra completar aportes por el 100% de su vida laboral, entre la población de menores ingresos ese guarismo se reduce apenas a 4%”. Si: de cada 100 trabajadores de muy bajos ingresos, solamente 4 registran la totalidad de su vida laboral) (3).

(Esos nuevos excluidos del sistema serán básicamente trabajadoras domésticas, trabajadores rurales, de la construcción y otros sectores de la Industria y el Comercio, particularmente de sueldos bajos, “unipersonales”, microempresarios de la ciudad y el campo: “los informales”). La cobertura casi universal del sistema que hoy nos enorgullece pasará a ser parte de la historia si el parámetro “años mínimos de servicios” para obtener causal jubilatoria no se modifica en la reforma a estudio.

La situación de los actuales jubilados y pensionistas

Como regla, la inmensa mayoría de quienes se jubilan pasan a cobrar menos, justo cuando más lo necesitan. (4)

Dígase solamente que el 70% del total de pasividades pagas por el BPS, está por debajo de los 27.000 pesos mensuales, y que un 30% está por debajo de 16.000 pesos, ambas cifras nominales. (5)

Pensemos solamente en un ejemplo significativo: los préstamos sociales. Es el sector del BPS que más trabaja en todo el país, con mayor afluencia de público, con colas que comienzan antes del inicio del horario de trabajo.

Aunque cueste creerlo, hay miles y miles de jubilados y jubiladas que desde hace años han entrado en una calesita de renovación de préstamos de la cual no pueden salir.

Muchos de ellos “se van con mil o dos mil pesos en la mano, esperan a pagar el mínimo de cuotas requerido para renovar, y renuevan por una miseria”.

Si bien estos pocos datos forman parte importante de la realidad social del Uruguay, no parecen quitarle el sueño a la mayoría de los integrantes del sistema político, y a veces también del movimiento social.

La lucha por mejoras puntuales o parciales hay que hacerla siempre: pero no al bajo precio de abandonar el objetivo de alcanzar una sociedad verdaderamente justa y solidaria.

¿Cuántos dirigentes políticos plantean firmemente la necesidad de jubilaciones mínimas que alcancen un nivel de dignidad real?

¿Por qué nos hemos acostumbrado a que una persona que se jubila pase a ganar menos –y viva peor– como si fuera algo inherente a la naturaleza humana?

(Sobre las características que debería reunir la más que necesaria reforma, hablaremos en próximas entregas).


Notas

1: No se me escapa que en ambos Poderes hubo algunos frenteamplistas (pocos) que intentaron cambiarlo.

2: Por las actividades anteriores a abril de 1996, los testigos pueden seguir presentándose. (Después, es extremadamente intrincado el procedimiento para que una actividad no registrada termine siéndolo en la historia laboral). En todo caso, llama la atención cómo (a derecha e izquierda) se ha demonizado el papel de los testigos como parte del trámite jubilatorio. Muchas veces, uno o varios testigos son la única espada que tiene para defenderse un/a trabajador/a que ha sufrido un patrón defraudador o evasor. (Paradójicamente, y de forma correcta y afortunada, el Poder Judicial si acepta la prueba testimonial).

3: Véase la diaria del 30/11/20:“Seguridad Social: historias laborales y densidad de cotizaciones”.

4: A veces mucho menos. Ocurre así para los sueldos bajos, los medios, medio-altos, y altos. El tope máximo también es excesivamente bajo, transformándose –en los hechos– en un impuesto invisible que el

jubilado sufrirá mientras viva a partir de su último día de trabajo. (En el caso de los “cincuentones”, por resolución del Directorio del BPS de 2018 hasta la fecha, ilegalmente, dicho tope se rebajó un 10% más).

5: Para comparar con la vida real: según datos del Instituto Nacional de Estadísticas del mes pasado, “un hogar unipersonal que vive en Montevideo es considerado POBRE si su ingreso mensual es menor a

$ 16.065; si son dos personas se las considera igual si ganan menos de $ 27.372; un hogar de tres personas si ganan menos de $ 41.058, y un hogar de cuatro personas si tiene ingresos menores a $ 54.744.

(Gracias Antonio Elías por los datos). ¿Esto se considerará a la hora de hacer la Reforma?